Martín Esparza Flores
Más que inconcebible parecería imposible que en México pudieran darse, en pleno siglo XXI, condiciones de esclavitud laboral. En los libros de texto nos dicen que la misma fue abolida por el cura Miguel Hidalgo meses después de la consumación de la Independencia, el 6 de diciembre 1810. Sólo que en esta esfera de inhumana explotación, la lacerante realidad echa por tierra tanto a la historia como a las demagógicas políticas sociales que lejos de proteger los derechos humanos y laborales de miles de mexicanos, permiten a empresas privadas inferir los más incalificables abusos en su contra, en nuestro propio territorio. Y no pasa nada, en buena medida por los estropicios causados a nuestra Constitución por gobernantes y legisladores apátridas.
En su sentencia emitida en noviembre pasado por el Tribunal Permanente de los Pueblos, organismo internacional que agrupa a personalidades de invaluable reputación mundial en el campo de las ciencias, las artes, las leyes y la defensa de los derechos humanos, dedicó un apartado especial de su informe final para hablar del abrumador tema de la esclavitud en México donde citó evidencias sobre la utilización de trabajo esclavo, como el registrado en la empresa jitomatera Bioparques de Occidente, con sede en Tolimán, Jalisco, y a la que la Secretaría de Desarrollo Social en 2010, durante el sexenio de Felipe Calderón, premió con 10 millones de pesos por su supuesta “responsabilidad social”.
